Hace unos días en conferencia de prensa el procurador general Pedro García Castiella dio a conocer un plan conspirativo en su contra, de la mano de bandas narco que intentan sin éxito instalarse en Salta, prometiendo redoblar esfuerzos para desbaratar las intenciones de las mismas.

En ese contexto, el plan conspirativo derivó en un operativo de seguridad intensivo en el Ministerio Público de Salta, con medidas de protección en el edificio de la fiscalía, con un perímetro de seguridad, restricción de ingreso de vehículos, cacheos, entre otras acciones.

Según indicó el diario El Tribuno, tras iniciarse las amenazas, se incrementó significativamente la seguridad en Ciudad Judicial. Lo primero en notarse fue la presencia de efectivos del Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GOPAR) de la Policía de Salta, armados con fusiles de largo alcance.

El acceso de vehículos a la playa de estacionamiento fue restringido, el tránsito en las inmediaciones fue igualmente limitado, con abogados debiendo mostrar su identificación para acceder al área interna del Poder Judicial. También hay estrictos controles de acceso en todo el complejo judicial, lo que incluye cacheos a empleados como personas que van por trámites.