Una mujer que había llegado a audiencia imputada por los delitos de estafa (dos hechos) y desobediencia judicial (dos hechos), en concurso real, solicitó una suspensión de juicio a prueba que la jueza María Gabriela González le otorgó durante el plazo de dos años.

Para conservar el beneficio, durante el mismo lapso, la acusada deberá fijar domicilio e informar cualquier cambio al tribunal; entregar la suma de 20 mil pesos en concepto de reparación de daños, en cinco cuotas de 4 mil pesos (dos mil a favor de una de las víctimas y dos mil a un hogar de ancianos de Villa Mitre); abstenerse de acercarse a los damnificados y de ejercer actos de violencia física o psíquica en su contra; no cometer nuevo delito; someterse a controles semestrales ante la Secretaría de Control de Suspensión de Juicio a Prueba.

Además, deberá realizar tareas de limpieza durante ocho horas mensuales en una parroquia de barrio Castañares, durante cuatro meses.

La imputada engañó a dos septuagenarios y solicitó préstamos por canales electrónicos utilizando las tarjetas de débito de los damnificados.