La iniciativa, que comenzó a ser elaborada en 2013 y se presentó en cuatro oportunidades en el Congreso Nacional, fue aprobada por 60 votos a favor y uno en contra, el del jefe del bloque PRO, el misionero Humberto Schiavoni.

La nueva ley hace hincapié en la producción pública, la asequibilidad, y la sustentabilidad de los tratamientos de VIH, Hepatitis, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis en todos los subsistemas de salud de la Nación; la disponibilidad y accesibilidad a insumos y materiales para la prevención, el tratamiento y la asistencia, como por ejemplo: los preservativos, lubricantes, medicamentos, vacuna, entre otros.

Paralelamente, propone que la prueba para el diagnóstico de infección por VIH y Hepatitis B y C esté acompañada de asesoramiento pre y post test en forma individual y con participación prioritaria de personas con VIH y Hepatitis B y C.

También prevé la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional, para quienes transiten las enfermedades. Se incluye una jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 años de servicios con aportes computables y 10 años o más desde su diagnóstico, y una pensión no contributiva igual al 70% del haber mínimo para aquellos mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad social.