El Gobierno derogó un decreto de la presidencia de Mauricio Macri sobre política migratoria, al entender que esa norma "resulta irreconciliable con la Constitución y el sistema internacional de protección de los derechos humanos", medida que fue respaldada por Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El Decreto 138 publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros de su Gabinete deroga el Decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley 25.871 que establece el régimen de la política migratoria.

A través de un comunicado, Amnistía Internacional respaldó la determinación oficial, en virtud de que el decreto derogado "violaba los derechos humanos de los migrantes y se transformó en un hito en el retroceso de la política migratoria argentina".

"Desde el minuto uno, se generó una amplia movilización de la sociedad civil y se realizaron múltiples denuncias contra la Argentina de parte de organismos internacionales", dijo a Télam la directora de Política y Justicia internacional de AI Argentina, Mariana Fountoura Marques.

La nueva normativa restituye "la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto 70" y crea una "Comisión Asesora de Política Migratoria que propondrá medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones 25.871".

Asimismo, el CELS también apoyó la decisión al considerar que implica "un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar".

"El DNU 70/2017 significó un claro retroceso en los derechos de migrantes en los últimos cuatro años y fue parte de una política de exclusión social que vinculó de forma directa a las personas migrantes con la comisión de delitos y que argumentó que por eso había que expulsarlos de manera inmediata", indicó el CELS en su cuenta de Twitter.