El Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año el plazo para que organismos y empresas públicas concreten la finalización de contratos con compañías en las que el Estado posea participación accionaria o que hayan gozado de beneficios exclusivos en la provisión de bienes y servicios. La decisión se formalizó a través del Decreto 591/2025, rubricado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La norma extiende lo dispuesto en el Decreto 747/2024, que vencía el próximo 22 de agosto. Ese decreto había dejado sin efecto obligaciones previas que imponían a los organismos nacionales contratar únicamente con determinadas firmas estatales.

En este escenario, por ejemplo, se eliminó la exclusividad que tenía el Banco Nación para el pago de haberes de empleados públicos, vigente desde 2012. En abril pasado, el Gobierno adjudicó a once bancos privados y públicos la posibilidad de brindar el servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito de cuentas sueldo, mediante la Decisión Administrativa 9/2025.

La nómina de entidades habilitadas incluye al Banco Credicoop, Banco Patagonia, Banco Santander, ICBC, Banco Galicia, BBVA, Banco Macro y Supervielle, entre otros. El Ejecutivo instruyó a estas instituciones a elaborar planes de trabajo que prioricen beneficios concretos para el personal estatal, en especial préstamos hipotecarios a tasas preferenciales.