La exmandataria tomó la palabra luego de su abogado Carlos Belardi, quién aseguró surante su alegato que la Vicepresidenta "jamás impartió ninguna directiva vinculada" a las 51 obras públicas adjudicadas a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz a las que la fiscalía adjudica delitos en el juicio de la llamada causa Vialidad.

La Vicepresidenta reafirmó hoy que le fue “negado" su derecho a ejercer su defensa tras el alegato del fiscal Diego Luciani, y destacó las palabras expuestas por uno de sus abogados, Carlos Beraldi, al considerar que dejó a la luz "todas las arbitrariedades de este juicio".

Así lo señaló en el inicio de su exposición en el juicio oral y público que se le sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

En ese marco, recordó que “jueces y fiscales de este juicio jugaron al fútbol en la quinta de Mauricio Macri”, en la línea con su denuncia pública sobre una persecución por parte de sectores del Poder Judicial hacia su persona.

"Voy a pedir que se extraiga testimonio de todos y cada una de las mentiras de los fiscales, contrastadas con las pruebas que tuvo este juicio", manifestó Fernández de Kirchner, y dijo que  "si no fuera abogada, estaría en un estado de indefensión".

"Quiero  que el mundo pueda observar lo que fue este juicio", continuó, y sentenció: “Estamos ante un claro caso de prevaricato”.

“Confrontados los dichos de los fiscales con las pruebas, queda demostrado que los fiscales Mola y Luciani mintieron en su acusación”, siguió.

"Qué está probado en este juicio? Que Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió ninguna directiva vinculada a estos casos que acá se investigan", sostuvo Beraldi en la tercera y última jornada de su alegato final.

El abogado expuso de manera previa a que la Vicepresidenta hable ante los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 en ejercicio de su propia defensa y luego por la tarde cerrará el alegato con el pedido formal de absolución.

En el último tema que abordó luego de tres días de alegato, Beraldi se refirió a la acusación por irregularidades en la ejecución y pago de las obras en Santa Cruz entre 2003 y 2015, tras dar por probado que no hubo delito de asociación ilícita ni defraudación.

"No existe una obligación de control" sobre las obras por parte de la Presidencia de la Nación que "no puede ni debe tener control porque la Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico", remarcó Beraldi ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

"Es imposible que el Presidente de la Nación tenga algún tipo de posibilidad de control respecto de las cientos y miles de obras que se licitan, ejecutan y pagan. Esto quedó demostrado en el juicio", concluyó.