Entre sus tareas de gobierno, Picolotti era la encargada de sanear el Riachuelo, pero tras una investigación periodística en 2007 del diario Clarín se hicieron públicas irregularidades en el manejo de la caja. Su proceso judicial requirió de 14 años y ahora vendrán los tiempos de las apelaciones.

Picolotti es abogada especializada en derecho ambiental y fundadora del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y feroz crítica del modelo extractivista de minerales en la Argentina, incluso durante los gobiernos de los que formó parte.

La primera vez que fue procesada lo hizo la jueza federal María Servini de Cubría por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, al considerar que entre 2006 y 2008 utilizó fondos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para gastos personales, como regalos de lujo y vuelos en aviones privados para su desplazamiento entre distintas provincias.

Además, se comprobó el uso de más de 200 pasajes aéreos para familiares y amigos y consumos de uso personal rendidos como gastos de la Secretaría que encabezaba.

Un contrato laboral en Estados Unidos la llevó a radicarse en ese país en 2015, autorizada por la Justicia, desde donde siguió su proceso judicial por videoconferencia.