Cristina Fernández de Kirchner se presentó este viernes ante los jueces del Tribunal Oral N° 8 en el marco de la causa que investiga el Memorándum con Irán y pidió la nulidad del expediente en el que está acusada de encubrir a los sospechosos del ataque a la AMIA.

“Estamos acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país. Es un disparate judicial, institucional y político esta acusación”, aseguró en el inicio de su exposición, que es seguida por los usuarios a través de YouTube. Su solicitud se basó en la supuesta cercanía entre el expresidente Mauricio Macri y los camaristas que intervinieron en el caso, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

La audiencia oral se celebró el mismo día en que se llevó adelante la ceremonia para recordar el 27 aniversario del atentado a la AMIA. Cristina Kirchner tuvo unos 45 minutos para exponer su posición ante los magistrados.

“Este memorándum, lo de Vialidad, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a los que siempre hicieron desde afuera, dominarnos a través de la deuda”, insistió.

“El fiscal Alberto Nisman nos acusó de encubrir a los responsables del atentado a través del Memorándum. Este pacto tenía lograr que los autores ideológicos pudieran ser indagados por el Juez. Este acuerdo fue aprobado por el Congreso y jamás entró en vigencia”, indicó la funcionaria, que luego cuestionó con fuerza la investigación.

Para Cristina Kirchner la causa AMIA “buscó ser usada desde su inicio en la política interna e internacional. La impunidad es el manejo político de la causa”, aseguró la Vicepresidenta.

Así también volvió a apuntar contra el exmandatario al que acusó de intentar “manejar la justicia para usarla como instrumento de persecución contra la dirigencia política”, y retomó su teoría del lawfare en sede judicial nuevamente. También advirtió que tanto ella como exintegrantes de su gabinete y su familia fueron “víctimas de una feroz persecución”. Allí se refirió a dos organismos de control del Gobierno de la gestión de Macri, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.