El presidente Alberto Fernández anunció que impulsará una "querella criminal" para "determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra", en alusión al alto nivel de endeudamiento que contrajo la administración de Mauricio Macri con el FMI.

"Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo", expresó Fernández durante el discurso de apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.

"He instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra", agregó el jefe del Estado.

Minutos después de que finalizará el acto en el Congreso, el Banco Central informó que elevó a la SIGEN y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional para determinar si generaron perjuicios al Estado.

El BCRA pidió "la realización de una auditoría específica" de la documentación para evaluar las "responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI" en 2018 y "determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público".

En su discurso, Alberto Fernández dijo que "endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejante crédito haya sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos".