Pablo López, el exconcejal de La Libertad Avanza en Salta, fue imputado por violencia física, psicológica y económica a poco más de dos meses de que saliera a la luz un audio en el que le exigía sexo oral a una mujer a cambio de 10 mil pesos.

La causa, impulsada por la denuncia de su expareja, abarca episodios que, según el expediente, se habrían repetido de manera sistemática desde 2019 hasta 2025, involucrando tanto el ámbito personal como el laboral, dada la existencia de una relación de trabajo entre ambos.

El fiscal penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Esteban Martearena, le atribuyó a López la presunta comisión de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en dos hechos, privación ilegítima de la libertad agravada también en dos hechos, y concusión.

La investigación se sustenta en declaraciones testimoniales, informes interdisciplinarios y registros de conversaciones que, según el fiscal, corroboran la denuncia presentada por la víctima, de acuerdo con la información a la que pudo acceder El Tribuno.

La denunciante relató ante la Justicia que las agresiones físicas, psicológicas, económicas y sexuales se sucedieron a lo largo de varios años, afectando tanto su vida privada como su entorno profesional. Este entramado de violencia prolongada, según consta en la denuncia, refuerza la necesidad de mantener medidas de protección a la víctima mientras avanza el proceso judicial.

Durante la audiencia de imputación, López compareció junto a su abogado defensor, optó por abstenerse de declarar y no autorizó la realización de un examen psicológico.

Por su parte, la Fiscalía continuará con la etapa de investigación penal preparatoria, en la que se prevé la producción de nuevas pruebas y la eventual ampliación de los cargos en su contra.

El fiscal Martearena precisó que, si bien ya se reunieron elementos probatorios suficientes para sostener la imputación, en lo que se refiere a los hechos sexuales denunciados aún se aguarda la producción de nuevas pruebas, entre ellas pericias forenses, análisis de dispositivos electrónicos y la ampliación de testimonios, lo que permitirá definir con mayor precisión la calificación legal de los hechos.