La Fiscalía pidió penas de entre 6 y 12 años de prisión para los funcionarios de la Unidad Carcelaria 1 en el juicio que se desarrolla contra la red narcocriminal en Salta, en la cual son juzgados presos, familiares y agentes del servicio penitenciario. 

Los alegatos del Ministerio Público Fiscal cerraron con la manifestación de que se trata de un caso de extrema gravedad institucional por la sistemática violación de derechos humanos dentro del penal y la transformación de la cárcel en un “kiosco” por parte de los imputados.

La segunda jornada de alegatos del MPF inició con la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio asegurando que, cada testimonio y cada prueba presentada durante el juicio conducen a una conclusión inequívoca: en la Unidad Carcelaria 1 existió una asociación ilícita destinada a comercializar estupefacientes dentro del penal y a cometer exacciones ilegales, apartándose deliberadamente de toda la normativa que rige la función y misión del Servicio Penitenciario.

Para todos los integrantes de la Unidad Fiscal, quedó demostrado que los imputados, organizados y con jerarquías definidas, sostuvieron un sistema criminal con distribución de tareas y dos fines centrales.

A partir de testimonios y la prueba documental, la fiscalía sostuvo que la conducta de los acusados no responde a hechos aislados ni eventuales, sino que forma parte de un entramado organizado y sostenido en el tiempo, con un único fin, que era el obtener beneficios económicos y personales, violando la ley y desnaturalizando la función que se les encomendó.

Por último, el procurador general, Pedro García Castiella, cerró los alegatos del MPF subrayando la extrema gravedad institucional del caso.

En su lectura, destacó que las conductas imputadas constituyen, no solo delitos contra la administración pública y delitos económicos, sino que también implican una sistemática y reiterada vulneración de derechos humanos, atentando contra la dignidad de las personas privadas de libertad.

Al finalizar los alegatos, se solicitaron las penas de prisión para cada uno de los acusados: Sergio Faustino Moya a 11 años y 8 meses de prisión efectiva, Francisco Arturo Bisceglia, 12 años; Marcos Matías Bucotich García, 9 años; Raúl Antonio Arjona y Luis Roberto Castaño, a 8 años y 6 meses.

Marcelo Olguín Magno, Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores, a 6 años de prisión efectiva; Rubén Antonio Guaymás, 5 años; José Luis Alarcón y María Inés Méndez, a 9 años de cárcel; Baldomero Darío Córdoba, 2 años; Manuel Méndez y Héctor Gustavo Banega, a 9 años y 6 meses.

Se suma Ivana Marcela Gutiérrez, 7 años de prisión; María Cristina Galindo,7 años y 6 meses; y, por último, Andrea Abigail Alba, a 1 año de cárcel. En cuanto a Josué Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño, la Fiscalía retiró la acusación.