La decisión del Gobierno de impulsar medidas judiciales para impedir la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), generó un amplio rechazo de dirigentes políticos y periodistas. Las expresiones de repudio coincidieron en señalar un avance contra la libertad de prensa y la instauración de un mecanismo de censura previa.

El repudio fue transversal y volvió a instalar en el centro del debate político la tensión entre el derecho a la información y las medidas del Gobierno para blindar a la hermana del Presidente en medio del escándalo de corrupción en ANDIS.

La senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, escribió: “Las confesiones de delitos que deben salir en esos audios de Karina para que el gobierno le haya pedido a sus jueces censura previa, mamita querida!”.

En la misma línea, el senador radical Martín Lousteau afirmó: “El pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Bullrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia. Busca violar el secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción, incluso relacionadas con el robo de fondos destinados a personas con discapacidad”. Recordó además que “la libertad de prensa y el secreto de las fuentes están protegidos por la Constitución” y que “en 2014, Bullrich calificó un allanamiento similar como censura; hoy, como ministra de Seguridad, lo ignora”.

El presidente del bloque de UP en Diputados, Germán Martínez, cuestionó la medida cautelar: “La cautelar dispuesta por el juez Maraniello es escandalosa. Avala la censura previa y legitima el cercenamiento de la libertad de prensa y de expresión, en sintonía con los deseos del gobierno de Milei. La libertad retrocede y el fascismo avanza. Solidaridad con Jorge Rial, Mauro Federico e Ivy Cangaro”.

La periodista y diputada de Coherencia, Marcela Pagano, expresó: “Yo pido que no haya censura en Argentina y que se respete la libertad de expresión como en todas las democracias. Nadie fue tan lejos para querer acallar voces. Nadie se escandalizó cuando se conocieron los audios de Cristina con Parrilli. No hubo ningún pedido de allanamiento ni censura y lo difundieron todos los medios”.

Desde la izquierda, Miryam Bregman advirtió: “Un gobierno desesperado impone censura previa a la prensa, impone la persecución e intenta amedrentar a periodistas como Mauro Federico, Jorge Rial y al canal Carnaval Stream. Como en los peores momentos, vuelve a cobrar fuerza la frase de Rodolfo Walsh: ‘Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información’”.

También hubo voces críticas desde medios opositores al kirchnerismo. El periodista Eduardo Feinmann sostuvo: “Repudio todo acto de censura previa dictada por un juez en lo civil. Es un duro ataque a la libertad de prensa y expresión, que es uno de los pilares de la Constitución y de una democracia sana”.

Su colega Luis Novaresio ironizó: “Un juez, Alejandro Marianello, evalúa allanar un medio de comunicación y prohíbe difundir audios que no conoce. Si eso no es censura previa, quememos los libros de derecho constitucional. Ah, la parte agraviada integra el sector que se graba como modo de interna política. Mirá vos”.