Los testimonios se repiten una y otra vez a lo largo y ancho de todo el país. Personas a las que les falta un brazo o una pierna; madres y padres de niños neurodivergentes o con síndrome de Down; hombres y mujeres que sufrieron algún accidente y los dejó incapacitados para poder trabajar, denuncian que el Gobierno les quitó la pensión por discapacidad sin previo aviso. En muchos casos, cuando van a consultar a alguna sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) -luego hacer varias horas de cola- se enteran que les habían enviado una carta documento para auditarlos, pero que nunca les llegó. La misma situación están viviendo los más de 1200 prestadores registrados en la Agencia.

Antes de darse a conocer los audios del ahora exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que relata un sistema de recaudación de coimas que iban “directo a presidencia” y en donde “el 3% era para Karina”, Ámbito había dado cuenta de las denuncias por irregularidades y arbitrariedades en las auditorías.

Las cartas documento fueron enviadas en la mayoría de los casos a domicilios equivocados, sin lectura de braille para personas ciegas, con citaciones para el trámite a más de 200 km y con la exigencia de presentar documentación médica con solo una semana de plazo. De esta manera, las auditorías se transformaron en una verdadera barrera para las personas con discapacidad y derivaron en una quita del beneficio que consta del 70% de la jubilación mínima más el bono. Unos $290.000 por mes.

Ahora, la propia voz de Spagnuolo revela que las auditorías -que a pesar del escándalo siguen en pie- fueron y son el mecanismo para justificar un recorte sin precedentes en las pensiones.

Antes de la modificación de la ley había un tope de 75 mil pensiones en todo el país. Las personas con discapacidad debían esperar en algunos casos cuatro o cinco años para que se abra un cupo y percibir el beneficio. Cuando asumió el gobierno de Javier Milei había cerca de 1,2 millones de beneficiarios. La cifra se incrementó porque se ampliaron los criterios de cobertura en línea con los nuevos paradigmas y resoluciones de Naciones Unidas, que en 2012 le impuso a la Argentina una mirada social de la discapacidad. El objetivo de las pensiones desde entonces es mirar a la persona como individuo, más allá de su entorno, para que logre una vida independiente, sin tener que ser sostenida por un familiar o tutor. La pensión por discapacidad es un piso que da el Estado para que las personas puedan desarrollar su vida de la manera más independiente posible.