En el marco de un ajuste generalizado en las cuentas públicas, el Gobierno recortó 79% en términos reales los fondos para la Iglesia Católica, a través de la Secretaría de Culto. El debate por los aportes estatales a la institución católica se intensificó durante 2018, en medio del impulso de la legalización del aborto, y mermó en los últimos años. A esto contribuyó el hecho que la Conferencia Episcopal decidiera ir hacia un esquema de autosustentabilidad, reemplazando gradualmente la subvención a los obispos.

De todos modos, el presupuesto sigue incluyendo transferencias: en 2024 se gastaron $132,3 millones en el programa “Registro y Sostenimiento de Culto”, frente a los $194,4 millones de 2023. Esto representa una caída nominal de 32% y 79% real. Cabe destacar que en enero, febrero, marzo, julio, septiembre y noviembre no se registraron montos devengados, de acuerdo a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). En diciembre, se ejecutó casi la mitad del total.

Esto se debe, en parte, a que desde diciembre de 2023, los arzobispos y obispos dejaron de recibir una asignación mensual de $55.000, prevista en la ley 21.950, norma que data de la dictadura militar. Fue iniciativa de la Iglesia renunciar a este complemento en 2018. El proceso llevó 5 años y se fue concretando a medida que dicha suma no se actualizaba por inflación. Más allá del impacto económico, la decisión tuvo una fuerte carga simbólica.

Aun así, el presupuesto nacional de 2024 (prórroga del de 2023) contempló fondos que técnicamente se denominan “Asistencia Financiera al Culto Católico” y según precisaron desde el Palacio de Hacienda, se dirigen a 143 arzobispos y obispos, 600 sacerdotes y 1.000 seminaristas. Sin embargo, es la Iglesia quien “decide los gastos”, dijeron en la cartera económica.

Otra forma de aporte son las transferencias para comedores y puntos de entrega de alimentos. Por caso, el Ministerio de Capital Humano otorgó a Cáritas más de $3.661 millones mensuales con ese fin en el último año.

Por otro lado, hay partidas que no se discriminan, razón por la cual no se pueden estimar los montos con los presupuestos. Ejemplo de ello son las subvenciones de las provincias a los colegios católicos, previsto por ley. El nivel de descentralización de la institución también dificulta calcular un total.

No obstante, fuentes de la Iglesia aseguraron que gran parte de su financiamiento proviene de los fieles, empresas y organizaciones, como Unicef. “En algunos casos y situaciones también acompaña el Estado, sea nacional, provincial o municipal. Pero depende del proyecto y de la diócesis. Existen distintos formatos de ayuda, pueden ser convenios o subsidios, y se utiliza para el pago de sueldos profesionales, compra de alimentos, gastos de estructura, entre otros”, señalaron.

Asimismo, las fuentes resaltaron el programa de Financiamiento Eclesial (FE), creado en 2020, que tiene como finalidad generar recursos propios para sostener su misión. Y mencionaron el acompañamiento de la institución a los sectores más vulnerables. “La Iglesia tiene una presencia en los barrios populares integral. Hay proyectos que se relacionan con lo educativo, otros con la asistencia alimentaria, vivienda, cuidado de la vida desde el vientre de la madre hasta la tercera edad o apoyo a los jóvenes con problemas de adicciones”, contaron y explicaron: “Hay tareas que el Estado muchas veces no puede realizar, por lo que se trata de una mirada de cooperación”.

Respecto a la situación social que observan, apuntaron que en la gran mayoría de las parroquias y barrios se ha visto un crecimiento de la demanda en los comedores durante 2024, “especialmente de ancianos, que además piden ayuda para comprar medicamentos”.

Fuente: Infobae