El Ministerio de Capital Humano presentó ante la Justicia nueva documentación sobre “comedores fantasma”, que recibieron por parte del ex Ministerio de Desarrollo Social, alimentos y millonarios subsidios para asistir a personas vulnerables, pero al auditarlos se corroboró que no existen. En total fueron $503.119.219 distribuidos en solo seis cooperativas, asociaciones civiles y fundaciones vinculadas a movimientos sociales que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y piqueteras.

Los fondos, según se asegura en el escrito presentado en el juzgado federal de Ariel Lijo y la fiscalía de Ramiro González, no fueron rendidos, sino que fueron “reteniendo para sí o para terceros los fondos públicos, alterando el fin para el cual la administración los destinó”.

En la denuncia a la que accedió este medio, la subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, y el Director General de Asuntos Jurídicos, Ariel Romano, le explicaron al juez y al fiscal que las pruebas que aportan “hacen referencia a las constancias de alimentos y subsidios que eran entregados por el entonces Ministerio de Desarrollo Social a diferentes organizaciones sociales que había preinscrito comedores en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM) y que conforme las auditorías llevadas por el Ministerio de Capital Humano en el transcurso de este año se pudo verificar la inexistencia de los mismos”.

Gianni y Romano informaron también que “se pudieron identificar a los responsables de los delitos denunciados” y que esos datos se desprenden “de la firma del convenio”, ya que “cada organización declaraba la cantidad de comedores que tenía a su cargo”. Además, “se obligaba a registrar cada comedor/merendero ante el RENACOM e informar fehacientemente todo cambio en los datos de registro”, como por ejemplo: cambios en la dirección, nombre o teléfono. Los dirigentes sociales también estaban obligados a “destinar el dinero a alimentos, rescindir cuenta y mantener la trazabilidad de la entrega de los alimentos”, un hecho que apenas sucedió en menos del 10% de los comedores y merenderos comunitarios.

La cartera a cargo de Sandra Pettovello acompañó la presentación judicial con planillas Exel de las organizaciones que recibieron dinero en función de comedores que declararon, pero que al momento de realizar el monitoreo: “Los comedores y merenderos no existían. Ello, sin que haya habido por parte de la organización notificación alguna al respecto, o hayan solicitado la reasignación de los fondos o hayan devuelto lo excesivamente recibido”.