La Fundación Poder Ciudadano será querellante en el caso conocido como “Yategate”, que involucran al ex jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, el vicejefe Pablo De Jesús, a la conductora Jesica Cirio y a la modelo Sofía Clerici.

En el escrito al que accedió TN, la Justicia explicó que como se investiga si se cometieron “delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito de   funcionarios y lavado de activos”, corresponde hacer lugar a la fundación para que forme parte de la causa.

Se trata de la misma fundación que interviene como particular damnificado en la causa “Chocolate” Rigau y las tarjetas de los empleados fantasma de la Legislatura bonaerense.

El pedido fue presentado la semana pasada por el abogado Pablo Secchi, ante el juez federal Ernesto Kreplak, magistrado que ya pidió información sobre el patrimonio de los imputados y quien ordenó allanamientos en sus viviendas. Es quien mantiene la causa bajo secreto de sumario.

Creada en 1989, Poder Ciudadano se presenta como un grupo de ciudadanos “preocupados por la defensa de los derechos cívicos en Argentina” que desentraman casos de corrupción. Es una entidad apartidaria y sin fines de lucro.

En este caso, decidieron intervenir debido a la “preocupación pública sobre la probidad del financiamiento de los costosos viajes y bienes de lujo que hicieron los imputados”.

Los hechos que desencadenaron esta investigación se produjeron después de una publicación en Instagram, que mostraban a Martín Insaurralde y Sofía Clerici disfrutando de un costoso viaje en un yate por Marbella, España.

“Las imágenes revelaron artículos de vestimenta y relojes de alto valor, lo que levantó sospechas sobre la fuente de financiamiento de este estilo de vida, que parece superar ampliamente los ingresos económicos de los acusados”, señalaron desde la fundación.

Para Poder Ciudadano, tanto Insaurralde, un funcionario público de carrera, y Clerici, registrada como monotributista, “parecen no tener la capacidad financiera para acceder a tales lujos”.

Además, explicaron que una serie de allanamientos en los que se encontró una considerable suma de dinero en dólares, junto con las conexiones entre los acusados y el estilo de vida ostentoso, los llevó a sospechar que “la procedencia de estos bienes y servicios de lujo podría ser cuestionable”.