El juicio se desarrolla con tribunal colegiado integrado por los jueces de la Sala VI, Mónica Mukdsi (presidenta), José Luis Riera y Guillermo Pereyra (vocales).

En la causa están imputados S. A. S. (menor al momento del hecho), por homicidio calificado por alevosía y criminis causae; Martín Oscar Laime (26), por encubrimiento agravado; Marcelo Tintilay Cordeyro, Héctor Roberto Herrera, Gustavo Javier González, Antonio Exequiel Sanhueso, Juan Carlos Vizgarra, Gabriela Valeria Casasola Moyano y Normando Domingo Corbera, por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Entre los testigos citados hoy compareció el licenciado en Criminalística que realizó la inspección ocular en el domicilio de la víctima, en Villa Mitre. 

Detalló que el picaporte de la puerta que daba al fondo de la vivienda estaba roto. También había roturas en la tela mosquera de una ventana trasera y en la misma puerta (le faltaba una tabla, aparentemente producto de un robo que había sufrido la víctima anteriormente). Dentro del inmueble –en paredes, piso, muebles y teléfono fijo- había  rastros de sangre (manchas de contacto y goteo). En la mesada de la cocina había un cuchillo con la hoja doblada, con aparentes manchas sanguinolentas.

El perito también mencionó la presencia de un monedero y un bolso vacíos y de mobiliario con las puertas abiertas, como si todo hubiera sido revisado, entre otros detalles de relevancia.

La víctima se encontraba en su habitación, tendida boca abajo sobre la cama. Su mano izquierda estaba cerrada y sujetaba algunos pelos.

El homicidio de la maestra Rosa Sulca ocurrió el 28 de abril de 2020 en su vivienda de Villa Mitre. La víctima fue golpeada y herida con un arma blanca. La mujer llamó al Sistema de Emergencia 911 para pedir ayuda. Falleció por shock hipovolémico por lesión vascular grave.

Los imputados por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público se desempeñaban en el Sistema de Emergencia 911 (Centro de Coordinación Operativa y Demanda Ciudadana). Dos de ellos son los efectivos policiales que acudieron al domicilio de la damnificada después de que se comunicó telefónicamente.

Por el Ministerio Público interviene el fiscal de la UGAP 1, Leandro Joaquín Flores. Por la parte querellante se presentan Pablo Tort y Juan Pablo Ochoa (Fundación Cintia Fernández). La defensa de los acusados está a cargo de Miguel Fernando Páez (S. A. S.), la defensora oficial penal Patricia González (Laime), el defensor oficial penal Jorge Eduardo Bonetto (Tintilay Cordeyro), Andrés Chibán (Casasola Moyano), Pablo Alberto González (Herrera y González), Carlos Fernando  Rojas (Corbera), Ariel Vázquez (Sanhueso) y Nicolás Ceferino Vedia (Vizgarra).