Después de un intervalo de calma en la grieta religiosa de Salta, en estos días se suceden las novedades. Casi en paralelo a que ayer los abogados de las carmelitas descalzas denunciantes del arzobispo Mario Cargnello por supuesta violencia de género y económica presentaron un escrito “explosivo” ante la Justicia, la Sala II de la Cámara de Apelaciones ratificó la competencia de la jueza María Carolina Cáceres Moreno. Su apartamiento fue solicitado por el representante legal del Arzobispado.

Los integrantes de la Sala II resolvieron “no hacer lugar” al recurso de apelación interpuesto por Cargnello y confirmó la resolución dictada el 27 de abril pasado. En los fundamentos refiere que “la simple sospecha de padecer hechos de violencia de género es suficiente para que los mecanismos de protección se activen, y rigen, en virtud de la naturaleza urgente y protectora en la materia, los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe, oficiosidad, amplitud probatoria, oralidad”.

También puntualiza que el acuerdo entre el gobierno argentino y el poder central de la Iglesia Católica de 1966, tuvo la particularidad de anular las injerencias del poder civil en la órbita eclesiástica, “garantizando la plena autonomía” de la Iglesia para el “libre ejercicio de su poder espiritual, su culto y la jurisdicción en el ámbito de su competencia para la consecución de sus fines específicos”. Sin embargo, eso no implica que el Estado argentino “no deba intervenir en los casos que así lo ameriten, garantizando los derechos constitucionales y supranacionales de las y los civiles que habitan el suelo argentino”.

Nueva presentación
Así, es la jueza Cáceres Moreno la que debe definir el pedido hecho por los abogados de las monjas del Convento de San Bernardo, que llegó una semana después de que la causa pasó a archivo. Era lo que el Vaticano esperaba después del acuerdo firmado entre las partes a fines de agosto pasado.

Los abogados reclaman que se registre en la “planilla prontuarial” a los denunciados por supuesta violencia de género y económica y piden “medidas compensatorias no económicas” –que los cuatro religiosos denunciados se capaciten en la “Ley Micaela”– y que se notifique al Vaticano de que existieron hechos de violencia.

El texto impactó allí porque fue el papa Francisco quien envió al abogado Javier Belda Iniesta a mediar entre las partes y llegar a un acuerdo. Hace unos días Cargnello se reunió con el Pontífice para hablar del tema. Hay algunas versiones, no confirmadas, de que el arzobispo podría jubilarse.

Más allá de las referencias a la denuncia puntual de las carmelitas contra Cargnello, el texto menciona “patrones socioculturales con sesgos de violencia expresa dentro de la Iglesia” y sostiene que la conducta de los denunciados “debe ser sancionada, reparada y prevenida a través de las medidas compensatorias no económicas solicitadas en este libelo a fin de que los agresores no sean protegidos por la investidura que detentan”.

Además de esta causa judicial, sigue la investigación económica sobre el vínculo del convento con la fundación vinculada a la devoción de la “Virgen del Cerro”, eje del conflicto. La Iglesia no reconoce esa práctica.

Esta investigación es sobre la fundación Obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, que es la que organiza y administra lo relacionado a la devoción de la virgen. También, esa entidad, que integran las monjas, gestiona los bienes del convento.