La cautelar permitía a un grupo de empresas (integrantes de la Canet) no pagar el impuesto interno mínimo a los productos del tabaco, lo cual repercute en menor recaudación del Fondo Especial del Tabaco (FET), caja que recauda la AFIP y se distribuye entre los productores para compensar el precio, financiar la obra social, situaciones de emergencias y programas de reconversión productiva.

El fallo de la Cámara de Rosario, firmado por José Guillermo Toledo, Élida Isabel Vidal y Aníbal Pineda, jueces de Cámara, en concordancia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación en estos casos, puso orden y revocó la cautelar dictada por el juez Marcelo Martín Bailaque, solicitada por la Cámara empresarial Canet.

La medida fue celebrada por los productores de todas las provincias, aunque lamentaron que “estas empresas recorren el país encontrando jueces que le aceptan los amparos. Ya pasó con otros jueces que fallan a su favor para evitar el pago y terminan perjudicando a los productores y al país”.

A raíz de esta situación de repetidos amparos, los productores de las siete provincias están preparando una movilización a Buenos Aires para realizar reclamos al Congreso, la AFIP, al Ministerio de Agricultura y la Corte Suprema de Justicia.

Postura salteña

Desde la Cámara del Tabaco de Salta indicaron a El Tribuno que la postura de la institución respecto de la convocatoria es concurrir a Buenos Aires para “exigir a los distintos poderes del Estado que se respete el estado de derecho y la institucionalidad”.

“Ante todo, nuestra manifestación no será cortando ninguna calle ni ruta; nosotros no somos piqueteros, pero vamos a ejercer nuestro derecho a reclamar sin afectar derechos de otros ciudadanos, ya el país no puede vivir con restricciones a derechos, con marchas que solo afectan la democracia”, afirmó el síndico titular de la Cámara, Enrique Cornejo Saravia, en diálogo con El Tribuno.

Detalló además que “en este estado de situación, el productor tabacalero no dispone de los recursos necesarios para mantener el empleo y la actividad productiva”.

“Está en riesgo la continuidad productiva y esto se debe a que el FET no recauda sus legítimos fondos como consecuencia de que el 40% del mercado de las manufacturas de tabaco (cigarrillos) se venden a precios muy bajos debido a que un grupo de fabricantes no pagan el impuesto interno mínimo”, explicó y agregó que “al no hacerlo, venden un producto barato y como el FET se integra con el 7% de ese precio, baja fuertemente su composición.

Pero esta evasión no solo perjudica los ingresos de los productores tabacaleros, sino que también afecta las arcas del Estado, sin contar que incentiva el tabaquismo ya que por el bajo precio se venden más cigarrillos que en años anteriores. Sin embargo, como son baratos se recauda menos y se incumple la política de salud pública fomentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de imponer precios altos para bajar el consumo.

Cornejo Saravia indicó que “el cigarrillo es un producto con externalidad negativa y su precio, por ley, debe ser alto”, y remarcó que “así es en la comunidad internacional”.