La Justicia confirmó que Juntos por el Cambio compró fiscales electorales en la provincia de Formosa para las elecciones presidenciales de 2019. Al menos la mitad de las autoridades de mesa habían cobrado un bono para desocupados que el Gobierno de Mauricio Macri instrumentó meses antes de los comicios.

El expediente investiga la utilización de la gestión macrista de la resolución 1177/2019 de la por entonces Secretaría de Empleo, que implementó el despliegue de 130 mil bonos de $5.000 orientados a desempleados, con un presupuesto de $650 millones. Sin embargo, jamás se anunció públicamente la puesta en marcha del programa, no se abrió registro alguno ni se publicó en el Boletín Oficial.

Una vez radicada la denuncia en Comodoro Py, el abogado formoseño Williams Dardo Caraballo se presentó de manera espontánea en la causa para denunciar que más de la mitad de los ficales de JxC habrían cobrado el bono. Además, aseguraba que había tenido un uso discrecional por parte de referentes locales.

Dos años después, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) corroboró que 243 fiscales oficialistas que participaron de la elección general, sobre 503 en total, cobraron el beneficio de $5.000. La proporción se eleva si se toma el número de autoridades de mesa partidarias que participaron en las PASO y en las generales.

Al momento de las primarias, el bono todavía estaba en etapa preparatoria y restaban dos meses para su instrumentación oficial. Sin embargo, peritos hallaron 140 fiscales como perceptores. Para las generales, en tanto, la jueza María Servini había prohibido que continuara su otorgamiento diez días antes por entender que existía el riesgo de una utilización clientelista, tal cual sucedió.

Además, se debió reducir el análisis a 1.209 autoridades, ya que más de la mitad de los 2992 fiscales de JxC inscriptos presentaron documentos de identidad inválidos. Esto sugiere que el número de fiscales encontrados entre los beneficiarios podría ser mayor al expuesto en la pericia.

El informe también comprobó que el 95,7% de los 756 nombres aportados por el denunciante Caraballo habían cobrado los $5.000.