LA JUSTICIA RECONOCIÓ QUE SE USARON AVIONES DEL EJÉRCITO PARA ARROJAR PERSONAS

Nacionales 05 de julio de 2022 Por Betina Almada
Vuelos de la muerte: Cuatro militares fueron condenados a prisión perpetua. El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó a tres integrantes del Batallón de Aviación 601: Luis del Valle Arce, Delsis Ángel Malacalza y Eduardo Lance, así como a Santiago Omar Riveros, excomandante de Institutos Militares. El fallo marca un hito al dar por acreditada la existencia de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo como mecanismo de exterminio instrumentado por el Ejército durante la dictadura.
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Por primera vez, la Justicia argentina dio por acreditado lo que hace décadas se denuncia: que en Campo de Mayo se usaron aviones del Ejército para eliminar a personas que estaban secuestradas y que eran adormecidas antes de ser arrojadas a las aguas del Río de La Plata o del Mar Argentino. El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó a tres integrantes del Batallón de Aviación 601 –con sede en la principal guarnición militar del país– y a Santiago Omar Riveros, excomandante de Institutos Militares, a prisión perpetua. El tribunal ordenó que todos ellos, salvo Riveros, vayan a cárcel común si los estudios médicos confirman que están en condiciones.

Los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini condenaron este lunes por la tarde a Luis del Valle Arce, Delsis Ángel Malacalza y Eduardo Lance, quienes fueron los cuadros jerárquicos del Batallón de Aviación 601 entre 1976 y 1977. Además, Riveros recibió su décimosexta sentencia a prisión perpetua por haber tenido bajo su órbita de influencia todo lo que sucedía en Campo de Mayo.

 La sentencia marca un hito al reconocer la existencia de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo y, por ende, como mecanismo de exterminio ejecutado por el Ejército. En 2017, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a dos pilotos que manejaron los vuelos de la muerte con los que la Armada se deshizo de sus detenidos-desaparecidos. Ese mecanismo se acreditó en el caso de las Madres de Plaza de Mayo, las monjas francesas y el resto de los secuestrados en el operativo de la Iglesia de Santa Cruz de diciembre de 1977.

En este caso, el TOF de San Martín analizó lo sucedido con cuatro víctimas que estuvieron secuestradas en el Campito, uno de los centros clandestinos que funcionó dentro de la guarnición del Ejército, y cuyos cuerpos aparecieron en las costas argentinas. Fueron los casos de los estudiantes secundarios Juan Carlos Rosace y Adrián Accrescinbeni –secuestrados el 5 de noviembre de 1976–, de Roberto Arancibia –el militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) raptado el 11 de mayo de 1977 mientras estaba en su casa con su compañera y con sus dos hijitos– y de Rosa Eugenia Novillo Corvalán –secuestrada entre octubre y noviembre de 1976–.

Por estos hechos, el TOF responsabilizó a quienes integraron la estructura del Batallón de Aviación y a Riveros, que estaba a cargo del Comando de Institutos Militares. Sin embargo, el tribunal le pidió a la jueza Alicia Vence que profundice la investigación sobre quienes actuaron como pilotos y copilotos de los vuelos de la muerte.

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