Entre sus puntos centrales, garantiza la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización de las prestaciones y la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva con un empleo registrado, siempre que se cumplan determinados límites de ingresos. También establece mecanismos de financiamiento y auditorías, además de un cronograma para cancelar las deudas con los prestadores.