La iniciativa elimina los topes para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias, que estaban fijados en $1.000 millones para los ingresos y $10.000 millones en el caso del patrimonio. También redefine el concepto de "discrepancia significativa", que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.
Principales puntos de la ley de Inocencia Fiscal II
Después de meses de negociaciones y de conseguir la media sanción en la Cámara de Diputados, el Senado aprobó definitivamente este jueves el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa del Gobierno que busca incentivar la exteriorización de ahorros en dólares no declarados al eliminar topes de ingresos y flexibilizar controles.
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A partir de su entrada en vigencia, será considerada "significativa" una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente. Incluso en esos casos, no habrá discrepancia significativa si el monto no supera los $5 millones.
En el caso de que la inconsistencia detectada sea mayor, el contribuyente tendrá un plazo de 15 días a partir de la notificación para aceptar la liquidación y cancelar la deuda. Además, la carga de la prueba recaerá exclusivamente sobre ARCA.
Un punto clave tiene que ver con los funcionarios: podrán usar el sistema simplificado para presentar su declaración jurada del impuesto a las Ganancias, pero no estarán alcanzados por la presunción de exactitud, la liberación de fiscalizaciones ni ningún beneficio o inmunidad tributaria contemplados en el régimen.
Por último, Inocencia Fiscal II establece un marco de reducción automática de sanciones y armonización con el Régimen Penal Tributario, incluyendo una reducción del 25% en multas formales aplicables a las MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.
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La iniciativa busca facilitar la incorporación al sistema formal de los ahorros en dólares y simplificar los controles de ARCA. El Senado aprobó el texto que había modificado Diputados, que mantiene la exclusión de los funcionarios públicos del régimen.
