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El Gobierno inició procedimientos legales sancionatorios contra 45 empresas y personas por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización oficial. La medida de la Cancillería alcanza a compañías con licencias locales, accionistas, altos ejecutivos y proveedores de servicios. Estos actores de la industria pertenecen a países como Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Sudáfrica y Kazajistán, entre otros.
El foco principal de los castigos apunta de forma directa a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Ambas firmas lideran la iniciativa petrolera conocida como Sea Lion.
Las notificaciones oficiales también abarcan a las sociedades Borders & Southern Falkland Islands Limited y JHI Associates. A la lista se suman empresas de infraestructura técnica como Noble Corporation, NSAI y Fugro.
La base de la ofensiva legal es la Ley 26.659, una norma con restricciones duras para la explotación marítima ilícita. Los castigos incluyen multas económicas por el valor de entre 15.000 y 1,5 millones de barriles de petróleo.
El régimen también contempla la inhabilitación para operar en la Argentina por un período de hasta 20 años, la reversión de concesiones previas y el decomiso de materiales.
Ante esta presión estatal, firmas globales de servicios como SLB, Halliburton y Baker Hughes ya marcaron distancia de las actividades en las islas.
