El Gobierno modificó el protocolo policial ante amenazas de ataques en escuelas

Mantiene como principio general la protección de los datos personales de niños, niñas y adolescentes: el personal policial no puede tratar información sensible ni publicaciones de menores sin una orden judicial, y debe suspender cualquier tarea de monitoreo en cuanto detecte que involucra a un menor, dejando constancia en un libro de registro y avisando a la autoridad responsable.

La actualización amplía, sin embargo, el listado de excepciones en las que esa suspensión deja de ser obligatoria. Además de los supuestos ya vigentes —riesgo de vida, indicios de desamparo o fuga, conductas autolesivas o suicidas, y delitos en curso contra un menor—, la resolución incorpora un quinto caso: cuando existan indicios fundados de riesgo para la vida o la integridad física de otros menores, incluyendo amenazas, planificación o preparación de actos de violencia masiva en escuelas u otros espacios de concurrencia pública, sin importar si el menor involucrado es la presunta víctima o el presunto autor.

En todos los casos exceptuados, los agentes deben registrar por escrito los motivos concretos que justificaron continuar con el monitoreo y comunicarlo de inmediato a la autoridad a cargo de la investigación.

El texto de la resolución sostiene que el marco normativo anterior resultaba insuficiente frente a "situaciones de urgencia que, por su gravedad e inminencia, no admiten demora" en la actuación preventiva. La medida se enmarca en el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027 y en el programa FORCIC, creado en 2025 para reforzar las capacidades de detección e investigación de delitos cometidos en entornos digitales.

La resolución entró en vigencia este miércoles, con su publicación en el Boletín Oficial, y busca equilibrar una respuesta operativa más ágil de las fuerzas de seguridad con las garantías que la Ley de Protección de Datos Personales otorga a los menores de edad.