En la continuidad del vaciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Gobierno puso en marcha un plan de retiro voluntario para sus trabajadores, luego de varias medidas que le fueron quitando autonomía y poder de acción.
La decisión se implementó a través de la Resolución 144/2026 del organismo, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Nicolas Bronzovich.
El programa comenzó a regir el pasado 4 de mayo y se extenderá hasta el 31 de este mes, aunque podría prorrogarse de manera única por 15 días más, en caso de que lo solicite el Consejo Directivo.
El cálculo económico que sustenta la iniciativa contempla los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de ese año. El texto expresa que "el incremento salarial acumulado considerado para el cálculo de las compensaciones asciende a 10,30% sobre la base de referencia de enero de 2026".
El régimen excluye a siete categorías de agentes: quedan fuera quienes hayan cumplido 65 años antes del 31 de mayo de 2026; quienes revistan condición de procesados o condenados por delitos contra la Administración Pública; y quienes hayan iniciado reclamos administrativos o acciones judiciales contra el Estado nacional por motivos laborales, con excepción de las causas regidas por la Ley N° 24.557 de riesgos del trabajo.
También están excluidos los agentes convocados como imputados o sumariados en procedimientos disciplinarios por faltas graves que pudieran derivar en cesantía o exoneración, así como quienes estén sujetos a determinación de responsabilidad patrimonial. Completan la lista quienes hayan iniciado trámites jubilatorios o equivalentes, y quienes hubieran presentado renuncia con anterioridad.
En agosto de 2025, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín intimó al gobierno de Javier Milei a frenar los pases a disponibilidad en el INTA y le impuso una multa de $10.000.000 diarios en caso de incumplimiento.
La resolución se conoció luego de que la administración libertaria avanzara, a contramano de una cautelar vigente y de la votación del Senado que tumbó el DNU 462/25, con la Resolución 1240 del Ministerio de Economía que dejaba en disponibilidad a 300 trabajadores del organismo.
