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Los combustibles, que ya venían siendo incrementados con anterioridad en el país, sumaron en consecuencia aumentos superiores a la inflación, hasta 63,6% en el último año que casi duplicó el ritmo de crecimiento de los precios generales de la economía del 33,1%.
De acuerdo con un cuadro elaborado por Focus Market, el 46,6% del precio que paga el consumidor son impuestos: 41,5% van a la Nación, 3% a las provincias y 2,1% a los municipios.
En esa estructura de receptores del reparto está la respuesta de por qué es tan automático aplicar un alza del insumo y no lo es corregirlo en menos.
Un litro de nafta que se cobra $ 2.000 está gravado por $365,56 entre impuestos específicos ($18,45), IVA $ 347,11, con lo que el valor base es $ 1.634, el 81,72%.
Esos $ 18,45 por litro se derivan entre $ 16,53 que va a la Nación y $ 1,92 a las provincias.
Lo perciben el Tesoro Nacional, $ 1,92, ANSES $ 5,29, Infraestructura hídrica $ 0,9, FONAVI $ 2,78 y $ 0,47, mientras las provincias reciben $ 1,92 también, como Nación.
El 60% es dirigido a organismos viales para carreteras y vialidad.
El 30% de la asignación a provincias va a obras y energía y 10% a desarrollo eléctrico, de acuerdo con un desgloce realizado por el economista Damián Di Pace.
Frente a tanta distribución, la recuperación practicada el año pasado en el precio tuvo cabida en el Índice de Precios al Consumidor, en un contexto en el que el ritmo general de los precios venía declinando, lo cual neutralizaba la incidencia.
Es que en la estructura del IPC, las naftas y el gasoil tienen un peso cercano al 3,8 por ciento. Esto implica que por cada aumento del 10 por ciento en los surtidores, el impacto directo sobre la inflación es de aproximadamente 0,38 puntos porcentuales.
Pero el efecto del encarecimiento del combustible no queda ahí, sino que repercute en toda la cadena logística. Eleva los costos de transporte y distribución, lo que termina trasladándose a los precios de bienes y servicios en general, según la consultora EcoGo.
