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El Arzobispado de Corrientes volvió a estar en el centro de la polémica tras la boda trans de Solange Ayala e Isaías, realizada el 28 de enero en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya. La ceremonia, completamente legal bajo la Ley de Identidad de Género y el Matrimonio Igualitario Argentina, permitió a la pareja modificar sus documentos y celebrar su unión civil y religiosa. Sin embargo, la institución analiza sanciones contra el sacerdote que ofició la boda, evidenciando una postura rígida y poco sensible frente a derechos civiles y diversidad.
Según la pareja y testigos, el cura actuó siguiendo la orientación pastoral de la parroquia y con la intención de acompañar a los contrayentes. A pesar de ello, el Arzobispado argumentó que la ceremonia “no contaba con toda la documentación requerida” y que las condiciones para un matrimonio sacramental “no se habrían cumplido”, sin reconocer que la pareja actuó plenamente dentro del marco legal civil vigente.
Solange e Isaías sostienen que su matrimonio fue un acto de amor y fe que reafirma su identidad y derechos. “Celebramos nuestro matrimonio con respeto y compromiso, y esperamos que se reconozca nuestro derecho a vivirlo plenamente”, dijeron. Organizaciones LGBT+ y activistas locales expresaron su apoyo, cuestionando la postura del Arzobispado y reclamando que deje de obstaculizar derechos civiles garantizados por la ley argentina.
El caso evidencia que, mientras la sociedad avanza hacia la inclusión y el respeto por la diversidad, el Arzobispado de Corrientes sigue priorizando procedimientos internos sobre igualdad y derechos humanos, aplicando normas que chocan con la legislación vigente y desoyendo la voluntad de la pareja. La polémica pone en evidencia una discriminación institucional preocupante, dejando claro que la Iglesia local enfrenta un desafío urgente sobre cómo manejar fe, diversidad e inclusión en pleno siglo XXI.
