El fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, pidió ratificar el decomiso por 684.990.350.139,86 de pesos, en razón del perjuicio al Estado originado por el redireccionamiento de obra pública en provincia de Santa Cruz a lo largo de 12 años, durante los gobiernos kirchneristas, que constituye una pena accesoria por el delito de administración fraudulenta.

La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, impugnó la decisión, al argumentar violaciones al derecho de defensa, arbitrariedad en la elección del índice de actualización y trato desigual respecto de otros casos.

Al momento de la condena, el 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal número 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, había fijado originalmente el decomiso en 84.835.227.378,04 de pesos, pero la suma fue actualizada tras la intervención de peritos oficiales de la Corte Suprema mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por su parte, José Lucas Gaincerain, perito contable de parte de la ex vicepresidenta, señaló que el monto debía ser de 42.494 millones de pesos, apenas un 6% de lo calculado por los especialistas del máximo tribunal.

El fiscal Villar sostuvo que el decomiso no es una pena ni una medida de seguridad, sino una consecuencia jurídica autónoma destinada a eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas ilícitamente. Asimismo subrayó que “la comisión de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para los partícipes ni para terceras personas”.