El juez federal Sebastián Casanello redobló la apuesta en la investigación por presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A pedido del fiscal Franco Picardi, el magistrado prorrogó por diez días el secreto de sumario, una medida que mantiene a los imputados a oscuras y sin acceso a la causa.

La decisión se tomó en el marco de una investigación que sacude los cimientos del Gobierno y que, según audios filtrados, salpicaría directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La causa se inició tras la difusión de una serie de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS. En las grabaciones, Spagnuolo hace referencia a supuestos “retornos” o coimas exigidas por laboratorios a la secretaria presidencial, Karina Milei, a través de la droguería Suizo Argentina. Esta revelación encendió todas las alarmas en el ámbito judicial y político.

En los últimos días, la investigación de Picardi avanzó a paso firme con una serie de allanamientos en las oficinas de la ANDIS y en los domicilios de los principales acusados. Entre ellos se encuentran los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería, Spagnuolo y Daniel Garbellini, ex funcionario del organismo, a quien Spagnuolo menciona en los audios como el encargado de “manejar la caja”. Casanello, además, ordenó el secuestro de los celulares de los investigados y les prohibió la salida del país.