En otra jornada cargada de reveses legislativos para el gobierno de Javier Milei, el Senado sancionó la ley que declara la emergencia de la salud pediátrica y de las residencias nacionales de salud, norma que obliga al Poder Ejecutivo a inyectar fondos para financiar al Hospital Garrahan, en conflicto desde hace dos meses en rechazo a la política del ajuste de la administración libertaria.

Como ocurrió unas horas antes con el financiamiento universitario, la ley fue sancionada con una mayoría que superó con creces los dos tercios del total de los 72 senadores, relación de fuerzas que podría garantizar la posibilidad de que la Cámara alta pueda insistir en su sanción una vez que la norma sea vetada, tal como lo prometió el jefe del Estado.

Tras casi cinco horas de debate, el tablero del recinto del Senado marcó un aplastante resultado de 62 votos a favor y sólo 8 en contra. Fue el corolario de una jornada negra para la Casa Rosada, ya que en el principio de la jornada, la Cámara alta había rechazado cinco decretos impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. que quedaron, así, definitivamente derogados.

La ley le ordena al gobierno de Javier Milei aplicar una recomposición salarial inmediata para el personal médico y de salud no asistencial, incluyendo en la mejora a los residentes nacionales de todas las especialidades que desempeñan tareas en las instituciones sanitarias, sean de carácter pediátrico o no.

Además, exime del pago del impuesto a las Ganancias a ítems como las horas extras y de guardia para todo el personal de salud que se desempeña en instituciones de salud públicas y privadas.

En cuanto a la inyección presupuestaria, la norma sancionada esta madrugada ordena la asignación, de manera prioritaria e inmediata, de los recursos “para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

En ese sentido, el texto sancionado apela a la ley de emergencia pública para habilitar la adquisición y compra de insumos críticos y básicos mediante mecanismos excepcionales, para garantizar la velocidad en la provisión de los materiales.