En una seguidilla de decretos publicados hoy en Boletín Oficial, el Gobierno aceptó la renuncia del médico Alejandro Vilches al cargo público que actualmente desempeñaba y dio lugar a su designación como interventor de la Agencia de Discapacidad (ANDIS). Los recientes cambios ocurrieron tras el escándalo protagonizado por el anterior titular del organismo por la denuncia de un presunto pago de coimas.

A raíz de los audios que trascendieron, en los que se escucha al entonces director del organismo, Diego Spagnuolo, hablar sobre un pago de coimas por parte de una empresa vinculada a Martín Menem, el presidente Javier Milei solicitó su remoción. “Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo”, escribieron en un tuit desde Vocería Presidencial.

De esta manera, el Ejecutivo eligió a Vilches para ocupar el rol de interventor del organismo por el plazo de 180 días, como suele hacerse en este tipo de procedimientos. Para eso, Vilches debía dejar su cargo anterior como secretario de Gestión Sanitaria. De acuerdo con el decreto 600/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, se aceptó su renuncia a partir de hoy.

La noticia de la intervención se conoció este jueves en una conferencia de prensa que dio el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria. Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área”, informó el portavoz.

De esta manera, la cartera de Salud formalizó su nombramiento mediante el Decreto 601/2025. En la misma normativa, el Gobierno plasmó el procedimiento dentro la ANDIS. “Dispónese la intervención de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD”, ordenó.

La decisión se fundamenta en la necesidad de investigar en profundidad la gestión de la Agencia, creada en 2017 bajo la órbita del Ministerio de Salud y dotada de autarquía económico-financiera. Su función central es el diseño y la ejecución de políticas públicas vinculadas a las necesidades de las personas con discapacidad. Entre sus competencias se encuentran la elaboración de acciones para asegurar el acceso a derechos, la administración de pensiones por invalidez y la integración de sistemas de atención y prestaciones médicas y sociales a nivel federal.

El Gobierno también limitó la designación de la subdirectora Ejecutiva de Romina Gisele Núñez, quien había sido nombrada por decreto en 2024. A su vez, sostuvo que el interventor deberá enfocarse especialmente en los procesos de compras y contrataciones de la Agencia y tendrá que elaborar un informe detallado sobre el estado del organismo, así como formular recomendaciones para su mejor funcionamiento.

“En caso de detectarse alguna anomalía o incumplimiento, el Interventor deberá informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasionan o han ocasionado sobre la gestión, debiendo aportar la totalidad de información o documentos de trabajo respectivos, asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar en cada caso”, subraya el texto.