El ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el peor atentado terrorista en Argentina, marcó un antes y un después en la historia del país con consecuencias políticas, judiciales y simbólicas. El 18 de julio de 1994 a las 9:53, un coche bomba con entre 300 y 400 kilos de explosivos detonó frente al edificio de Pasteur 633, lo que dejó 85 personas muertas y al menos 151 heridas. Pese a que se realizaron tres juicios orales, el caso continúa impune y el reclamo de justicia se renueva cada año.

Ya pasaron 31 años y la investigación apunta a que siete ciudadanos iraníes y tres libaneses vinculados a la organización terrorista Hezbolá participaron del atentado a la AMIA. Todos tienen pedido de captura internacional y nueve de ellos con alerta roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

El ataque también llevó a una situación inusual en la Justicia: ya se realizaron tres juicios orales, pero en ninguno se juzgó a los autores materiales. El expediente tiene más de 490 mil páginas.

Ahora, el juez Daniel Rafecas habilitó en junio que se lleve a cabo un juicio en ausencia contra los diez imputados, que fueron declarados rebeldes hace años, conocen los cargos que enfrentan y no respondieron a los reiterados pedidos de extradición. Se trataría del primer juicio en la historia argentina en el que los imputados no estarían presentes.

No obstante, las defensas oficiales apelaron la decisión de Rafecas, que también fue cuestionada por algunas querellas, y ahora se espera la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones. Si se rechazan las impugnaciones, el caso podría llegar a la Cámara Federal de Casación Penal y eventualmente a la Corte Suprema.