En el marco del ajuste a las dependencias estatales y en medio de la controversia por el Día del Empleado Público, el Gobierno anunció que, durante los primeros 18 meses de su mandato, recortó 50.591 empleos públicos. Como resultado, se alcanzó un ahorro anual de USD 2.000 millones.

“Sigue la motosierra. Recordemos que cada peso que ahorra el Estado es un peso menos de impuestos que pagamos los ciudadanos. Ya vamos por un ahorro anual de USD 2.000 millones. Por eso la motosierra es tan popular”, dijo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En diciembre de 2023, previo a la llegada del gobierno libertario, la Administración Pública contaba con 205.550 empleados, mientras que las empresas estatales con 91.166. Esas cifras se redujeron a 177.444 y 76.230, respectivamente, en abril (último dato disponible).

Respecto a ese ahorro de USD 2.000 millones, en el informe previo, fuentes oficiales habían detallado: “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios”.

Asimismo, recientemente Sturzenegger se refirió al tema y aseguró: “Nosotros hasta ahora hemos recortado 50.000 empleados públicos, y eso no ha resultado en una merma en los servicios, muchos eran ñoquis o gente que hacía cosas que la sociedad no valoraba”.

Como ejemplo de gasto innecesario, señaló que el INTA tenía 3.000 vehículos para 6.000 empleados y un presupuesto de $400.000 millones. Y que el Senasa tenía 700 camionetas. “Hay áreas que tienen más secretarios que varios ministerios. Son cosas que se hicieron para generar puestos y generar caja”, señaló.

El recorte significativo en la planta de personal, que incluye despidos y no renovación de contratos en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas estatales, tiene un objetivo definido: achicar el gasto público y afianzar el superávit fiscal.

En líneas generales, la meta de superávit proyectada por el Gobierno para este año es más ambiciosa que la estipulada en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que se prevé que los objetivos trimestrales reflejen esa reducción del gasto a lo largo del año.