El Gobierno nacional anunció que los empleados públicos que no aprobaron la Evaluación General de Conocimientos y Competencias serán desvinculados de sus cargos a partir del segundo semestre del 2025. Se trató de una medida relacionada con la búsqueda de aumentar la eficiencia en las contrataciones del personal estatal.

El nuevo requisito para ocupar un cargo dentro del Estado fue oficializado en el Boletín Oficial, luego de que se publicara la Resolución 48/2025. Según lo dispuesto por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la nueva normativa estará en vigencia a partir del 1 de julio de 2025.

“Establécese que, a partir del 1° de julio de 2025, los sujetos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 solo podrán contratar y/o efectuar renovaciones en los términos del artículo 93 de la Ley N° 20.744 al personal que hubiera aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias en los términos de la Resolución de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública N° 26/24″, establecieron en el artículo 1° del documento.

En este sentido, la modificación afectaría a todo el Sector Público Nacional, entre ellos, los funcionarios de la administración nacional y sus organismos descentralizados; las empresas, sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y las sociedades de economía mixta; los entes públicos que cuenten con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio; y los fondos fiduciarios.

De esta manera, los empleados que no hayan superado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias ya no podrán ser contratados como funcionarios y/o colaboradores, según lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley N° 20.744 de Contratos de Trabajo a partir del segundo semestre de 2025. En caso de que tuvieran un documento vigente posterior al 30 de junio, precisaron que será anulado producto de la entrada en vigencia de la nueva normativa.

Además, las autoridades instaron a los representantes del Estado que participan en empresas, sociedades y organizaciones en las que el Gobierno nacional tiene una participación mayoritaria a implementar medidas similares. Estas acciones asegurarán que las contrataciones de personal se realicen conforme la normativa actual vigente, que promueve la profesionalización y eficiencia en el sector público y paraestatal.

La normativa buscará alinear las contrataciones con un estándar de competencias, en un esfuerzo por optimizar el funcionamiento y la transformación del Estado. Asimismo, consideran que, con esta implementación, aseguran que los empleados estén debidamente cualificados para cumplir con las funciones propias de su cargo.