La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó 23 resoluciones generales que imponían requisitos de intervención a cámaras, federaciones y asociaciones sectoriales durante las verificaciones físicas de mercaderías importadas. Esta medida se enmarca en el contexto de las negociaciones con Estados Unidos para lograr una reducción del arancel del 10% que ese país impuso recientemente a los productos argentinos.

La decisión se formalizó mediante la Resolución General N° 5693/2025, firmada por el titular del organismo, Juan Alberto Pazo, y publicada en el Boletín Oficial el 9 de mayo. A partir del 10 de mayo, día siguiente a su publicación, la normativa entró en vigencia y dejó sin efecto un conjunto de disposiciones emitidas entre 1998 y 1999, vinculadas al canal rojo de selectividad en el sistema aduanero.

Según explicaron desde el Gobierno, esta iniciativa “ayuda al proceso de liberar el comercio”. La eliminación de estos requisitos representa un paso en dirección a varios de los puntos incluidos en el documento anual de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), que detalla las principales barreras que, según Washington, obstaculizan el comercio bilateral con Argentina.

El informe “Barreras al comercio exterior”, publicado por EEUU, incluye pedidos concretos de simplificación del sistema aduanero, eliminación de trabas no arancelarias y mayor previsibilidad en los procedimientos de importación. En este contexto, la eliminación del sistema de participación obligatoria de entidades observadoras responde a las exigencias de facilitar el ingreso de productos extranjeros al país.

Las normas derogadas —resoluciones 172, 210, 273, 274, 297, 345, 366, 538, 560, 578, 579, 580, 595, 617, 618, 626, 642, 647, 667, 673, 674, 676 y 692— habían sido dictadas a fines de los años noventa. Exigían la presencia de representantes del sector privado en las inspecciones físicas que se realizaban cuando la mercadería recibía canal rojo de selectividad dentro del Sistema Informático MALVINA (SIM).

En su argumentación, ARCA señaló que el esquema resultaba poco efectivo. La participación era escasa y su implementación requería una planificación anticipada que generaba demoras operativas. Además, implicaba costos adicionales tanto para el Estado como para los operadores privados involucrados en el proceso de despacho de importaciones.