La Cámara Federal porteña reabrió una causa contra el expresidente de Bolivia Evo Morales por presuntos delitos de abuso de menores y trata de personas durante su estadía en Argentina entre 2019 y 2020. La decisión fue adoptada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes revocaron el fallo del juez Sebastián Ramos, que había archivado el expediente.

"Se trata de hechos relacionados con los delitos de trata de personas y abuso de menores presuntamente cometidos por un exmandatario de Bolivia en territorio nacional, en el contexto de su asilo político, los cuales ameritan ser profundizados”, indicaron los camaristas.

La denuncia fue presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por la Fundación Apolo, encabezada por Yamil Santoro, quien fue aceptado como querellante en la causa. Según el expediente, Morales habría convivido con al menos cuatro adolescentes bolivianas que habrían sido trasladadas a Buenos Aires en condiciones de vulnerabilidad para cumplir funciones domésticas y personales.

Una de las declaraciones clave del expediente corresponde a Angélica Ponce, exdirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) y cercana a Morales. Según su testimonio, durante visitas realizadas a la residencia del exmandatario en Argentina, observó a menores realizando tareas serviles. Además, afirmó que en los entornos políticos del MAS se ofrecían “niñas como obsequios” a dirigentes para obtener favores.

La investigación en Argentina se reabre en paralelo a otro proceso en Bolivia, donde una fiscal pidió la detención preventiva de Morales por una causa que involucra una presunta relación con una adolescente de 15 años, con quien habría tenido una hija en 2016. Ese caso, inicialmente cerrado en 2019, también fue reactivado por la justicia boliviana.

Los camaristas argentinos consideraron que había elementos suficientes para profundizar la investigación, sobre todo a partir de los indicios aportados por la querella y los testimonios incorporados recientemente. El expediente se centrará en determinar si hubo delitos vinculados a la trata de personas, corrupción de menores o abuso de poder.

En el dictamen con el que reabrieron la investigación, los camaristas señalaron: “Al analizar los agravios planteados por esa parte acusadora, se advierte que el archivo dispuesto en estas actuaciones -cuya reapertura se reclama en este acto- resulta prematuro."

"Esto se concluye no sólo a partir de los datos consignados en la denuncia original y su ampliación, que aportan prima facie información concreta sobre el tiempo, modo y lugar en que presuntamente ocurrieron los hechos, sino también, y de forma central, por la gravedad y el tenor de los sucesos denunciados”, sostiene el fallo judicial.