La Justicia vuelve a investigar por presunto enriquecimiento ilícito de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó un peritaje contable para analizar su patrimonio y el de su fallecido esposo, Néstor Kirchner.

La resolución, fechada el 26 de diciembre, fue enviada en plena Feria Judicial, aunque trascendió recientemente. El pedido surge a partir de la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que el pasado 6 de diciembre ordenó reabrir la causa debido a inconsistencias en las declaraciones juradas de la exmandataria entre 2009 y 2015.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) será el encargado del peritaje, que tendrá como objetivo esclarecer cuestiones sobre la titularidad, el valor y la declaración de varios inmuebles y activos financieros de los Kirchner.

Entre los puntos a analizar se encuentran propiedades en Río Gallegos y El Calafate, la relación con Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, transferencias de terrenos y la declaración de plazos fijos y depósitos en dólares.

Uno de los puntos bajo la lupa es una casa en la calle 25 de Mayo, en Río Gallegos, para determinar su titularidad y posibles variaciones en su valor declarado. También se investigará la cesión de un terreno en El Calafate a Báez y la inscripción de un predio de 87.000 metros cuadrados a nombre de Néstor Kirchner, a pesar de figurar como copropietario junto a Austral Construcciones desde 2006.

Esta insistencia de la Justicia sobre el patrimonio de la titular del PJ se suma a la reapertura de una investigación por parte de la Cámara Federal porteña en diciembre pasado, también por por supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas. 

El juez Mariano Llorens consideró que existen pruebas suficientes para citar a Cristina Kirchner a declaración indagatoria. Según su análisis, hay inconsistencias acreditadas que podrían vincularse a un presunto caso de enriquecimiento ilícito.

Llorens destacó la conexión entre el incremento significativo del patrimonio de la ex mandataria y la falta de justificación adecuada en sus declaraciones juradas. En su opinión, estas pruebas cumplen con los requisitos legales para avanzar en el proceso y no deberían ser motivo para el archivo de la causa.