Con esta convicción, el lunes 3 de febrero, en el horario en que debía iniciarse el juicio, distintas organizaciones, personalidades y referentes de derechos humanos se concentrarán en los tribunales de Orán y en Ciudad Judicial de Salta capital para exigir la absolución de Yolanda Vargas. Además, se sostendrán las iniciativas de movilización previstas en todo el país.

A pocos días del inicio del juicio contra Yolanda Vargas, el juez a cargo de la causa resolvió suspenderlo por tiempo indeterminado. La decisión se basa en un dictamen psicológico reciente que confirma que Yolanda no está en condiciones anímicas para afrontar el proceso judicial. Según el informe, la mujer aún está “procesando el duelo” por la pérdida de sus dos hijos en un incendio ocurrido hace cuatro años, tragedia que la justicia intenta imputarle como “abandono de persona seguido de muerte”.

Distintas organizaciones y referentes de derechos humanos denunciaron la arbitrariedad de esta causa, señalando que el Estado, responsable del hacinamiento y la precariedad que llevaron al siniestro, se convirtió en su verdugo. Lejos de garantizar justicia, el proceso judicial refuerza una situación de criminalización de la pobreza y de la maternidad en condiciones de vulnerabilidad.

Si bien la suspensión del juicio puede interpretarse como una respuesta a la presión social y al repudio nacional e internacional, el prolongamiento de la incertidumbre no es una solución. Las organizaciones que vienen acompañando a Vargas afirman que “la única salida justa es el sobreseimiento inmediato y definitivo de Yolanda Vargas”. Asimismo, se exige una investigación rigurosa sobre las responsabilidades del Estado, la gobernación, el municipio y la empresa proveedora de electricidad en la tragedia que le arrebató la vida a sus hijos.