La retirada del Gobierno del paquete legislativo antisindical que impulsa la UCR puso al descubierto un armisticio con la CGT que el ala dialoguista de la administración libertaria espera soldar a largo plazo. Fue el capítulo más visible de una negociación silenciosa que urdieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y, sobre todo, el asesor plenipotenciario Santiago Caputo con la "mesa chica" de la central con protagonismo excluyente del albañil Gerardo Martínez (Unión Obrera de la Construcción, Uocra). 

Como reveló en exclusiva El Destape, el hito que marcó el acercamiento de ambas partes fue el encuentro a solas que mantuvieron Martínez y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger el 10 de septiembre. Allí se acordó que el Ejecutivo no reglamentaría el punto más sensible del capítulo laboral de la reforma laboral, la consideración de los bloqueos de empresas como "grave injuria laboral" y, en consecuencia, pasible de despido directo sin derecho a indemnización.

Ese ítem quedó tal como salió votado del Congreso, en una decisión salomónica de los funcionarios entre la presión de los sindicatos por atenuarlo y de los empresarios, por hacerlo lo más abarcativo posible. 

Sturzenegger, por su parte, se convenció de los pedidos de Caputo por tender un puente con los gremios más tradicionales que además se tradujo en una bajada de línea del propio Milei: "los sindicalistas no son nuestros enemigos en esta etapa", repitió uno de los negociadores con la CGT. 

Desde entonces las muestras mutuas de buena voluntad fluyeron. La CGT congeló un debate interno que necesariamente debía alumbrar un nuevo capítulo de medidas de fuerza y esa alternativa ni siquiera formó parte de las charlas entre los dirigentes que acudieron a mitad de mes a visitar al Papa Francisco. En tanto que el Ejecutivo redujo la presión que había lanzado mediante la Superintendencia de Servicios de Salud sobre las obras sociales sindicales con inspecciones sorpresivas a cargo de un grupo de 14 funcionarios a bordo de una combi de esa repartición. Incluso se dejó sin efecto un operativo que el Gobierno había dejado trascender sobre Oschoca, la obra social de Camioneros que preside Hugo Moyano y que en los hechos maneja su esposa, Liliana Zulet. 

FUENTE: El Destape.