El fiscal federal Eduardo Taino dispuso las primeras medidas para investigar la denuncia que hicieron la niña y su madre que sufrieron la represión de las fuerzas de seguridad durante una marcha en favor del aumento a los jubilados, que el presidente Javier Milei decidió vetar tras ser aprobado en el Congreso.

Entre las medidas, requirió identificar a los efectivos que estuvieron en el lugar del hecho y pidió al comisario mayor de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal los detalles del procedimiento del 11 de septiembre.

"Este caso se inicia en virtud de la presentación formulada por parte de Carla Marina Pegoraro, con la representación del Dr. Gregorio Jorge Dalbón, a fin de poner en conocimiento que el día 11 de septiembre de 2024, junto a su hija Fabrizia Pegoraro, de 10 años de edad, participó de las manifestaciones pacíficas que se desarrollaron en las inmediaciones del Congreso de la Nación en defensa de los derechos de los jubilados", comienza el fiscal en su presentación.

"En ese contexto, explicó que en determinado momento de la tarde, y tras el avance del personal de la Policía Federal Argentina hacia las personas que se hallaban sentadas en el lugar, un efectivo de dicha fuerza, identificado como Rivaldi, les arrojó gas pimienta hacia los ojos de ella y de su hija, de manera violenta e inesperada, y a menos de medio metro de distancia, lo cual les provocó daños tanto físicos como psicológicos", prosiguió.

Taiano también solicitó "compulsar los sitios web de acceso público -periódicos, informativos, etc.-, como así también los links aportados por los denunciantes, e incorpórese al sumario las imágenes que guarden vinculación con el objeto de este proceso".

La denuncia penal pide que se investigue la presunta responsabilidad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el operativo llevado a cabo contra los manifestantes que protestaban frente al Congreso.

La denuncia del abogado Gregorio Dalbón contra Bullrich ya fue sorteada y fue asignada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9 que tiene a cargo al juez Luis Rodríguez.

Un video muestra a un policía rociando gas pimienta directamente en el rostro de la menor, contradiciendo la versión oficial del gobierno que sostenía que una manifestante era la agresora de la niña.

Según el abogado, este hecho constituye un caso de “violencia institucional”, así como una violación de los derechos humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño.