En aplicación de la política de “tolerancia cero” dispuesta por el Papa Francisco para casos de abuso sexual, la Iglesia Católica expulsó del ministerio sacerdotal a Ariel Príncipi, quien trabajó durante 35 años como cura en el sur provincial.

El obispo de Río Cuarto Adolfo Uriona confirmó que él mismo recibió, hace tres años, las acusaciones contra Príncipi por presunto abuso sexual de menores. Aseguró que, entonces, de inmediato dispuso la suspensión del sacerdote y una investigación preliminar, a cargo de un canonista de otra diócesis y de un notario. Versiones dan cuenta de que algunos de los hechos denunciados fueron perpetrados hace más de 15 años.

Tras la toma de testimonios y otras medidas, el informe sobre Príncipi fue enviado a la Santa Sede, quien dispuso abrirle un proceso penal en el Tribunal Eclesiástico de Córdoba.

“Después de investigar, el Tribunal de Córdoba emitió sentencia a mediados del 2023. Dispuso su expulsión. Como hubo una apelación, la Santa Sede envió el caso al Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires. En abril del 2024, tras nuevos testimonios y pericias, allí confirmaron la sentencia de dimisión –expulsión- y prohibición perpetua del ejercicio como sacerdote”, se explicó desde el Obispado.