La Cámara Federal porteña comenzó a revisar el fallo en el que se procesó a Ginés González García, exministro de Salud de la primera parte del gobierno de Alberto Fernández, por el llamado “Vacunatorio VIP”, el escándalo que provocó su abrupta salida del cargo a inicios de 2021, en plena pandemia de COVID-19. Esta semana, en una audiencia ante los jueces, los abogados del exfuncionario insistieron en que no hubo delito, aseguraron que no existió “un vacunatorio VIP” y reclamaron la revocación del embargo de 130 millones de pesos

Tras calificar de “contradictoria” la resolución de la jueza María Eugenia Capuchetti, la defensa, a cargo de los abogados Martín Arias Duval y Federico Horacio Ramos, cuestionó las figuras jurídicas del procesamiento: peculado de bienes y abuso de autoridad. Además, señalaron que la cantidad de vacunados que no pertenecían al personal de salud, a febrero de 2021, superaba las 8.000 personas, mientras al país llegaban un millón y medio de dosis, y más del 90% de los médicos ya había recibido su primera dosis.

“Los juicios de otra naturaleza se hacen en otros ámbitos, más allá de la ética”, afirmó Arias Duval ante los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Añadió que González García y el gobierno de Alberto Fernández “ya fueron juzgados políticamente. Acá venimos a pedir que se resuelva la causa conforme a la ley. No existió un vacunatorio VIP”.

La defensa subrayó que fue González García quien dictó la resolución cuya violación se le imputa. También calificó de “inaudito” el embargo de 130 millones de pesos impuesto por la jueza. “¿Cómo se llega a ese número? Si son 15 vacunas, a mí la cuenta me da 9 dólares. 135.000 pesos más la tasa de justicia”, argumentó el abogado en la audiencia.

La defensa de Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, también rechazó el procesamiento. A González García y a Costa se les procesó por “haber ordenado y ejecutado, respectivamente, la orden ilegítima para que el segundo de los nombrados se trasladara el 01/02/2021 al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde junto con cinco dosis de la vacuna contra el COVID-19 asignadas al Ministerio de Salud, y vacunara indebidamente a este último; a su esposa, Hilda Beatriz González; a sus hijas, Juliana Duhalde y María Eva Duhalde; y a Carlos Alberto Mao”.

Con argumentos similares, la defensa de Costa afirmó que fue Ginés González García quien le ordenó vacunar a la familia Duhalde. “¿Cómo podía saber si era una orden ilegítima si se la dio quien dictó la resolución? Duhalde tiene 79 años. Fue con cinco dosis. Había seis personas. ¿Qué tenía que hacer? ¿Tirar las otras?”.

La defensa de Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García, también solicitó su sobreseimiento. “Era el último orejón del tarro”, dijo su defensor. “Lo único que hizo fue llamar por teléfono al director del Posadas siguiendo la orden de su jefe. Los vacunados fueron diez personas. A nueve no las conocía”. El último, admitió, era un familiar que justo estaba allí porque iban a almorzar y era una persona mayor de 70 años.

“Los vacunados que tuvieron ese beneficio no están acá dando explicaciones”, se quejó. Entre ellos estaban Horacio Verbitsky, Jorge Enrique Taiana, Eduardo Félix Valdés, Florencio Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Salomón Schachter, Seza Manukian y Félix Eulogio Guille.