El tribunal dijo en un comunicado que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.

También emitió una orden el viernes para el arresto de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, por acusaciones similares.

La CPI dijo que su sala de instrucción encontró que había “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de niños ucranianos”.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, declaró este mes tras una visita en ucrania que los presuntos secuestros de niños eran objeto de “una investigación prioritaria”.

El tribunal, creado en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo, investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la ofensiva rusa.

Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero Kiev aceptó la competencia del tribunal sobre su territorio y trabaja con el fiscal.

Los expertos admitieron que era poco probable que Moscú entregue a los sospechosos al tribunal. Rusia rechaza las acusaciones de crímenes de guerra.

El jueves, una investigación respaldada por la ONU citó los ataques rusos contra civiles en Ucrania, incluida la tortura y el asesinato sistemáticos en las regiones ocupadas, entre los posibles problemas que equivalen a crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad.

La amplia investigación también encontró delitos cometidos contra ucranianos en territorio ruso, incluidos niños ucranianos deportados a quienes se les impidió reunirse con sus familias, un sistema de “filtración” destinado a señalar a Reino Unido.

En su primer informe redactado desde que Rusia inició su ofensiva contra Ucrania, el 24 de febrero de 2022, la Comisión de investigación de la ONU concluye que “las situaciones que examinó respecto al traslado y la deportación de niños, dentro de Ucrania y a la Federación de Rusia respectivamente, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra”.

Vladimir Putin, firmó un decreto en mayo de 2022 para facilitar la concesión de la ciudadanía rusa a algunos menores.

Los investigadores también acusaron al gobierno ruso de haber cometido posibles “crímenes contra la humanidad”.

“La comisión constató que las oleadas de ataques realizados por las fuerzas armadas rusas desde el 10 de octubre de 2022 contra las infraestructuras energéticas ucranianas, y el recurso a la tortura por parte de las autoridades rusas podrían constituir crímenes contra la humanidad”, apuntó, recomendando que se abran investigaciones adicionales.

El grupo descubrió “un esquema de detención ilegal generalizado” en las zonas controladas por las fuerzas armadas rusas, contra varias personas, incluyendo mujeres y niños.