El Ministerio Publico Fiscal analiza distintas alternativas recursivas para intentar revertir la determinación judicial, que provoca un golpe difícil de revertir, no solamente al avance de la investigación, sino especialmente a las esperanzas de las víctimas de lograr recuperar el dinero sustraído para su restitución.

Ello debido a que, a pesar de las reiteradas medidas investigativas y allanamientos ordenados por la Fiscalía y ejecutadas en numerosas oportunidades y domicilios, solo había podido recuperarse por parte del equipo de investigadores de la UDEC una parte menor del botín celosamente escondido por las imputadas, y el que pretendían utilizar como prenda de negociación para lograr la libertad de las mismas. 

Corresponde también recordar que, merced a actividades del equipo investigativo, se determinó que la Jefa de Operaciones de la Unidad Regional 3 de la Policia de la Provincia, Nilda del Valle Valdez  – hoy privada de su libertad- mediante el uso de un móvil de la Policía de Salta y una tricota con insignias de la fuerza policial, había logrado evadir controles de ruta y trasladar gran parte del dinero logrado de las víctimas por parte de la imputada Moya al tomar conocimiento de los allanamientos. Tal dinero, hasta el momento no pudo ser localizado, pero mediante el mismo y de forma paralela, la imputada hoy ya beneficiada con arresto domiciliario, ofrecía espurios acuerdos a las victimas a cambio de lograr su sobreseimiento en la causa. Cabe recordar también que la imputada había logrado mantenerse prófuga un largo tiempo gracias a haber sido advertida por personal policial sobre su inminente detención. Todos estos aspectos que hacen a un manifiesto riesgo procesal 

Entre los fondos dinerarios secuestrados en los allanamientos, se advirtió que  habrían sido ingresados fondos pertenecientes a Adicionales de Policia de la Provincia por parte de la Comisario Espinosa.    

Es importante destacar que el pasado 26 de septiembre, el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana, había rechazado idéntica solicitud de libertad y de arresto domiciliario por considerar que “supeditar la entrega de dinero obtenido de manera ilícita al otorgamiento de la libertad de las acusadas Moya y Párraga, podría no sólo configurar una transgresión a los deberes fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía, sino que resulta manifiestamente improcedente, teniendo en cuenta que dicho acuerdo fue formalizado también por el abogado, quien, a raíz de haber patrocinado anteriormente a 74 denunciantes, se encuentra imputado por el delito de prevaricato en la actualidad; constituyendo, de esta manera, en una palmaria violación a las normas de la ética profesional peticionar el otorgamiento de la libertad a las imputadas Moya y Párraga, para que efectúen la entrega del dinero a los denunciantes”

Además, Pastrana determinó que “la celebración de los convenios aludidos, más allá de intentar lograr la “paz social”, que la defensa postula, develan que la imputada Moya tiene en su poder el dinero de los denunciantes, reconociendo de esta manera, su activa participación en los hechos endilgados, utilizando una promesa de devolución dineraria como una suerte de presión o extorsión para obtener su libertad” y que “lejos de disminuir el peligro de fuga y entorpecimiento en las presentes actuaciones, se vislumbra razonable el mantenimiento de la medida cautelar dispuesta oportunamente sobre la base de la presunción de que la acusada podría eludir la acción de la justicia, en virtud de los contactos que tiene con efectivos de las fuerzas policiales y el supuesto monto de dinero que tendría en su resguardo para presumir que podría fugarse, y entorpecer la investigación de los hechos denunciados, y de la misma manera, intimidar a testigos y víctimas con promesas de reparación dineraria”

El beneficio otorgado por el juez Arancibia a las imputadas Moya y Párraga, además de carecer de fundamentos, será impugnado por el Ministerio Público Fiscal, toda vez que la medida adoptada producirá un daño considerable a la investigación y a la posibilidad de recuperar el dinero de las víctimas de la estafa de Moya.

En septiembre, los abogados ya habían presentado al Juzgado de Garantías 3 un requerimiento de libertad de Moya y Párraga y, en su defecto, de arresto domiciliario, en función de un insolito acuerdo que habían puesto a disposición de los damnificados por el cual las imputadas se comprometían a la devolución del dinero a cambio de que las mismas ratifiquen la inocencia de los imputados, la inexistencia de ilicitud y su libertad.

La UDEC se opuso por considerar que los contratos tenían un tinte extorsivo hacia las víctimas, por lo que dio intervención a la Fiscalía Penal 2. Además, detectó que los inmuebles ofrecidos en garantía eran inexistentes o afectados a bien de familia.

Por otra parte, Salinas Odorisio imputó al abogado de Moya por prevaricato ya que el 3 de agosto de 2022 se presentó como apoderado de 74 denunciantes. El 24 de agosto, el abogado ingresó por mesa de entrada virtual del Ministerio Público, una presentación manifestando que renunciaba a la querella y a los poderes otorgados por los damnificados. En el mismo escrito, el abogado asumió la defensa de Cynthia Moya, Alejandra Párraga y Antonella Leal.

La causa

La financiera ilegal conocida con el nombre “Ríos & Asociados” comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. La modalidad de operatoria empleada fue la conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.

El 25 de marzo pasado se realizaron los primeros allanamientos y detenciones vinculadas a la causa y, desde entonces, se realizaron numerosos operativos en búsqueda del dinero faltante.

De la investigación de la UDEC, testimonios brindados por damnificados, testigos de identidad reservada y otros detenidos de la causa, se pudo establecer que la organizadora de la actividad era Cinthya Moya, quien era secundada por algunos civiles y miembros de la Policía de la Provincia de Salta, que actuaban como captadores.

Hasta el momento son 29 los imputados, 14 de ellos miembros de la Policía de Salta, entre los que se encuentran el jefe de la Brigada de Investigaciones, la jefa de la División Cobranzas Policías Adicional, personal de investigación, y la jefa de la Unidad Regional 3, quien habría empleado un móvil de la Policía para evadir los controles policiales haciendo uso de sus atribuciones y trasladar el dinero que Moya había retirado de la financiera al enterarse que se realizarían allanamientos.

Diez de los imputados, incluidas Moya y Párraga, permanecían alojados en la Alcaidía General de la Provincia hasta hoy; seis policías se encuentran con arresto domiciliario y el resto se encuentra con medidas sustitutivas solicitadas por la UDEC.

Además, fueron secuestrados 26 vehículos, más de 4000 mil contratos, 26 millones de pesos en efectivo y 60 mil dólares.