El texto, que implica una reforma del Código Penal español, sitúa en el centro el “consentimiento”, que solo se entenderá “cuando se haya manifestado libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona”.

Las víctimas ya no tendrán que acreditar que sufrieron violencia o que se resistieron como ocurría hasta ahora.

La ley también considera ilícita la publicidad que contribuya a promover la prostitución y castiga a quien reenvíe imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización.

En paralelo, se reconoce el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria y los menores que cometan delitos sexuales deberán realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género.

La utilización de violencia o de intimidación ya no serán, por tanto, necesarias para tipificar un delito de violación, como ocurría hasta ahora.