El festejo se hizo en la Quinta Presidencial de Olivos en la etapa más estricta de las restricciones por la pandemia.

Se trata de Rocío Fernández Peruilh; su hermana Florencia; Sofía Pacchi, exasistente de la primera dama; y Stefanía Domínguez.

Las hermanas Fernández Peruilh fueron citadas para el 28 de junio, en tanto que Pacchi lo hará al día siguiente y Domínguez el jueves 30 de junio.

No obstante, el magistrado abrió este viernes una carpeta dentro del expediente para tramitar la extinción de la acción contra el presidente Alberto Fernández y la mencionada Fabiola Yáñez, quienes propusieron una conciliación a través de la “reparación integral del daño”.

El mandatario acordó con la fiscalía pagar 1,6 millones de pesos y Yáñez 1,4, lo que fue aceptado por el juez, de modo tal que una vez cumplido con el depósito la causa quedará cerrada para ambos.

Otros imputados eligieron el mismo camino, pero los abogados Fabián Améndola y Fernando Burlando, si bien también propusieron la reparación integral, lo hicieron ante el juez cuando en rigor debieron haberlo tramitado ante la fiscalía.

“Proveyendo la solicitud de formación de incidentes de extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio requerida respecto de Rocío Fernández Peruilh y Florencia Fernández Peruilh, hágase saber a sus letrados defensores que deberán ocurrir ante el Ministerio Público Fiscal”, señaló el magistrado.

La resolución de Mirabelli significa que todavía es posible que ambas eludan la acción penal, si la fiscalía acepta la conciliación propuesta.

Distinta es la situación de Sofía Pacchi, exnovia de un empresario taiwanés con fuerte llegada a la Casa Rosada, para quien pidieron el “sobreseimiento por atipicidad”, ya que sostienen que no cometió ningún delito porque estaba cumpliendo funciones laborales el día de la celebración, como asistente de la primera dama.

Asimismo Stefanía Domínguez, la otra asistente a la cuestionada fiesta en la Quinta de Olivos que fue llamada a indagatoria, es defendida por el abogado Mauricio D’Alessandro. Este planteó como estrategia de defensa la nulidad de los decretos presidenciales que establecieron las restricciones por el Covid-19.