Un desgarrador caso de trata de persona, el cual tuvo como víctima a una joven que había llegado a la ciudad de Salta procedente de Orán y en busca de un mejor porvenir, tuvo un fallo condenatorio dictado por el juez Domingo Batule luego de un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal general Eduardo José Villalba.

El caso se formalizó el 15 de octubre pasado, tras la detención de Pedro Darío Javier Peñaranda y Natali Vanesa Rueda, a quienes la fiscalía le imputó el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de su niñera.

Después de seis meses de investigación, el caso, que alcanzó el estándar de emblemático por la crueldad evidenciada contra la víctima, su historia de vida y las circunstancias en que fue rescatada, se resolvió a través de la aplicación de una de las medidas alternativas contempladas por el Código Procesal Penal Federal.

El fiscal dijo que se evitó que la víctima reviva episodios dolorosos y, a la vez, se obtuvo una importante reparación económica, la cual le permitirá avanzar en su proceso de recuperación y reinserción laboral.

Sobre la calificación penal, ratificó la imputación de trata de personas con fines de explotación sexual, al cual le sumó los agravantes de haber sido cometido mediante engaño y por haberse consumado, delito por el cual la pareja aceptó una condena de 6 años de prisión.

En el caso de Rueda, la misma se aplicará bajo la modalidad de prisión domiciliaria, mientras que Peñaranda permanecerá alojado en una unidad carcelaria. En la audiencia, los acusados reconocieron su responsabilidad por la explotación sexual ejercida sobre la víctima y dieron su consentimiento a la pena acordada.

Asimismo, y entre llantos, cada uno pidió disculpa por el daño causado a la víctima, afirmaron estar arrepentido. “Reconozco mi responsabilidad del hecho, me duele mucho todo esto porque tampoco voy a poder estar con mis hijos, pero estoy dispuesto a cumplir la condena”, dijo Peñaranda. Su pareja, en tanto, se expresó prácticamente en los mismos términos.

Desgarrador

Sobre el caso, y dado que el juez llega al debate sin conocer nada del hecho, el fiscal explicó que todo se inició el 29 de junio de 2021 a partir de la denuncia de un cliente, quien se percató del estado de vulnerabilidad de la joven, de quien también advirtió padecía cierto retraso madurativo.

Al dialogar con ella, pudo conocer el grado de sometimiento, crueldad y explotación sexual en el que se hallaba inmersa, situación que lo llevó a iniciar una relación que derivó en el rescate de la joven, aunque luego comenzaron a ser hostigados por los acusados.

Ante ello, se dirigieron al Polo Integral de la Mujer, donde radicaron la denuncia de todo lo sucedido, lo que activó la intervención de la Unidad Fiscal Salta, con diligencias investigativa que llevaron a la detención de Rueda y Peñaranda.

Villalba reveló que la víctima fue captada cuando se hallaba bajo un grave estado de vulnerabilidad producto de una situación de abandono familiar, de lo que se valieron los acusados para contratarla como niñera, ofreciéndole con ello una salida laboral que le permitiría mejorar su vida.

Con estas expectativas, la joven llegó a Salta y comenzó a trabaja de niñera de los acusados, en una vivienda del barrio Santa Rita, pero a los seis meses, todo cambió. Fue cuando Rueda y Peñaranda la obligaron a vestir lencería erótica, para luego tomarle fotografías e incluso la filmaron, obligándola a realizar distintas poses sugestivas.

Toda esta producción fue subida luego a un sitio de servicio sexuales para adultos, con lo cual comenzaron a contactar a clientes, siendo obligada la joven a atender a cada uno de ellos, lo cual sucedía desde las 10 de la mañana hasta la 5 de la madrugada siguiente.

Aunque en su inicio, los acusados le dijeron a la víctima que parte del dinero iba a quedar con ella, con el correr del tiempo se apropiaron de toda la plata que recaudaba por los servicios sexuales, sumas oscilaban entre los 1000 y 3000 pesos.

Los acusados ejercían un control minucioso de los horarios y el dinero que debía cobrar por los servicios sexuales, los que se llevaban a cabo en el cuarto de un hotel del macrocentro contratado por la pareja, la cual monitoreaba desde la calle la entrada y salida de los clientes.

“La explotación sexual ya no se representa a través de la escenografía del cabaret o del prostíbulo, pues ahora hay lazos más invisibles, lo cuales complejizan la investigación penal de los casos y exigen una mirada más aguda”, sostuvo el fiscal.

Mediante estas nuevas modalidades, tanto de captación y explotación, como el uso de Internet, los acusados, en su perversidad, no sólo pactaron citas en esta ciudad, sino también en Jujuy y hasta en el Estado Plurinacional de Bolivia.

“La fiscalía ha podido acreditar que la víctima fue explotada sexualmente en un hotel en la vecina provincia, como así también en Bolivia”, afirmó el fiscal, quien señaló que el sometimiento se extendió por ocho años hasta que tomó contacto con el cliente que la sacó de ese ambiente.

Entre otros indicadores de este delito, los acusados ejercieron tanta violencia moral y psíquica contra la víctima, al punto tal de que la víctima se convirtió en una “cosa”, a través de la cual se aseguraron un importante ingreso económico, tanto que no sólo adquirieron bienes importantes, sino que los integrantes de la familia dejaron de trabajar para subsistir solamente de lo que se recaudaba con la víctima.

Reparación integral

“Se trata de uno de los casos que mayor impacto causó entre los operadores del sistema, pues se había ejercido tanto crueldad sobre ella que no se concebía como víctima, situación que demandó una importante labor en materia de asistencia y restitución”, resaltó.

Mencionó que a través de entrevistas y otras medidas de contención, se trabajó minuciosamente en busca de que la joven pueda superar el calvario vivido en los años que tuvo bajo el sometimiento de los acusados, quienes llegaron, incluso, a no garantizarle a la víctima sus necesidades básicas de subsistencia. “La reparación integral a la víctima es un mandato que tiene preeminencia dentro de los delitos de trata de personas, aspecto claramente establecido, tanto en la normativa legal vigente como en los convenios que el Estado Argentino asumió en el orden internacional”, destacó.

De esta forma, a la asistencia interdisciplinaria se debe sumar una reparación económica, la cual, en este caso, fue acordado en buenos términos con la defensa, la que agradeció el aporte de otros familiares que ayudaron a los acusados a cumplir con esta exigencia.

Con el aporte de los profesionales y de otros organismos, la víctima pasó de la “soledad absoluta en la que estaba inmersa a contar con el apoyo y asistencia total por parte del Estado”, incluso recibió capacitación laboral, recurso que le permitió iniciar un proyecto de sustento para su nueva vida.