



La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de la explotación petrolera en las Islas Malvinas y la factibilidad del proyecto Sea Lion comenzó a discutirse este martes, en la primera audiencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) en Hamburgo, Alemania.
El gobierno de Javier Milei presentó su solicitud el 13 de octubre, cuando invocó el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El pedido tiene cuatro puntos concretos: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación a través de Sea Lion; que se abstenga de otorgar nuevos permisos en el área; que preserve la información obtenida durante la exploración; y que proteja el medio marino.
La delegación argentina en Hamburgo está encabezada por María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia, junto al embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores; la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación.
Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM, tiene un rol clave como asesor externo en la ingeniería legal: fue uno de los que expuso el caso argentino. El especialista representó al país en el caso de la fragata ARA Libertad, en el que el mismo tribunal ordenó en 2012, como medida provisional, la liberación del buque. También plantearon argumentos Oyarzábal y Nico Schrijver, una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre recursos naturales.


La fiscalía descartó sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni










