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El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó hoy una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito a Claudio “Chiqui” Tapia en su calidad de funcionario público como presidente del CEAMSE y pidió ordenar una batería de medidas de prueba vinculadas a su patrimonio.
El pedido incluye informes sobre Declaraciones Juradas que presentó Tapia como funcionario público por su rol en el CEAMSE, bienes, cuentas bancarias y nivel de consumo, según supo Infobae en fuentes judiciales. La investigación quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver al respecto, y de la fiscalía de Pollicita luego de un conflicto de competencia entre juzgados resuelto esta semana en la Cámara Federal porteña.
El fiscal pidió al juez que levante el secreto bancario y fiscal de Tapia y el vinculado al mercado de capitales, además del deber de reserva previsto para la Unidad de Información Financiera. En total solicitó al magistrado que ordene 20 medidas de prueba para luego, una vez recibida la información, avanzar con un análisis patrimonial, económico y financiero que reconstruya la evolución de bienes, fondos y vínculos “relevantes” de Tapia.
Como parte del impulso del caso, Pollicita pidió que se curse un pedido al CEAMSE para que remita a Comodoro Py 2002 el legajo personal de Tapia. También que se requiera a la Dirección Nacional de Migraciones los datos sobre sus salidas del país.
Tapia es también presidente de la AFA, un cargo ad honorem y que no forma parte de esta investigación. Se integró al directorio del CEAMSE entre los años 2016 y 2025, inclusive, en cuyos períodos se desempeñó como Vicepresidente en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -hasta 2024- y como Presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires, a partir de enero de 2025, según la denuncia.
La denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito fue presentada el 7 de abril pasado por el empresario Guillermo Tofoni que sostiene que Tapia habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en un 1000% en ocho años.
El CEAMSE es una empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos urbanos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre. Según la denuncia, Tapia declaró percibir ingresos anuales por $100.233.144, con una dedicación de 15 horas semanales al organismo.
